HISTORIAS

¿Corruptos por naturaleza?

En el país, el 91% de los empresarios reconoce la práctica de sobornos en el sector privado. ¿Cómo liderar y hacer negocios desde la honestidad?

Ilustración por: Fiorella Ferroni Porto

 “Las prácticas empresariales malversadas comienzan por los propietarios de compañías”

José Andrés O’Meara Riveira

Como un virus, la corrupción se reproduce y resiste con sagaces tácticas en las operaciones de las empresas colombianas. Aunque el soborno, el fraude y la desviación de recursos son fenómenos globales de larga data,  las prácticas irregulares se inmiscuyen de formas cada vez más sofisticadas en procesos rutinarios de una compañía, como la compra de materiales, la contratación, el pago de impuestos, la venta de productos o las mismas relaciones entre trabajadores.

A comienzos de 2016, la ANDI indagó sobre el problema con  89 cabezas de grandes y medianas compañías, entre los que había presidentes y gerentes de todos los sectores productivos. El resultado de la encuesta es sorprendente: en un país donde todo el mundo se rasga las vestiduras por la corrupción del sector público, alrededor de una tercera parte de los líderes encuestados reconocieron que existe “tolerancia”  con comportamientos tramposos. Entre ellos: no declarar en la aduana el valor correcto de una compra o venta para no pagar impuestos, dar obsequios o dineros a un funcionario aduanero para saltarse un requisito, dar réditos para agilizar un trámite o hacer lo mismo para condonar una multa o sanción.

Lo que sugiere la encuesta es corroborado por quienes estudian al gremio empresarial y aún más por quienes lo controlan. “Se perdió cualquier límite en la consideración subjetiva sobre dónde se traza la línea de la corrupción. Ahora la conciencia tiene que ser vendida o comercializada”, nos dijo José Andrés O’Meara Riveira, abogado y exdirector de Vigilancia Fiscal del sector Defensa, Justicia y Seguridad de la Contraloría General de la Nación.

Su conclusión es que las prácticas empresariales malversadas comienzan por los propietarios de compañías. No en vano, la detección casi nunca viene del interior de éstas, sino del Estado, que además no suele meter las narices en el sector a menos que  hayan recursos públicos de por medio.  

Medir la corrupción en el sector privado es una tarea difícil, una misión escurridiza. Y sin embargo, aquellos dedicados a esta tarea han comenzado a encontrar pistas y a esgrimir hipótesis para entender las dimensiones de este problema en Colombia.

En Cumbre hicimos un exhaustivo barrido para entender cuál es el estado del arte de la corrupción privada en el país y detectar a aquellos que están liderando procesos para enfrentarla.

Profesionales de la evasión

El sector privado abusa de la “corrupción gris”, aquella que no está tipificada necesariamente como delito, pero cuya frontera con lo ilícito es difusa y peligrosa, según nos contó Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

La principal evidencia de este problema son los Panama Papers, esos 11 millones de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que vinculaban a empresarios y políticos de todo el mundo con la creación de empresas de papel en paraísos fiscales.  

Si bien tener empresas en un paraíso fiscal es una transacción legítima y no corresponde a un delito en Colombia, las normas se infringen cada vez que quienes las usan no declaran al Estado sobre sus cuentas en el exterior, como lo exige la ley 1739 de 2014, en su artículo 42.

Al menos 800 inversionistas colombianos aparecieron mencionados en los Panama Papers. Según Hernández, el gran problema fue que Mossack Fonseca“los asesoró sobre cómo abusar de ese mecanismo e incluso guió a quienes querían evadir impuestos o lavar activos, saltándose los controles de los gobiernos”.

Justamente, en este tipo de infracciones se corre mayor riesgo de corrupción. Mario Valencia, profesor de Economía del Cesa y vocero de Justicia Tributaria, una iniciativa de académicos y exfuncionarios del Estado que vigila los aportes que grandes empresas realizan a la economía colombiana, lideró una investigación en la que detectó una trampa empresarial que, según sus estimaciones, le hizo perder a Colombia cerca de 6.140 millones de dólares en 2016.

Se trata de la subfacturación y sobrefacturación de importaciones y exportaciones a través de paraísos fiscales, el mayor mecanismo de fraude fiscal documentado en el mundo y que representa el 82 % de todos los flujos ilícitos en el planeta, incluso más que actividades criminales como el narcotráfico, que equivalen al 18 %,  según una investigación de este año de la Red de Justicia Fiscal en América Latina y el Caribe.

¿Cómo opera esta práctica indebida? Imaginemos que una empresa exporta hacia Europa cualquier producto, digamos que carbón, y crea una empresa vinculada del mismo grupo, con los mismos dueños, pero con otro nombre, en un territorio que, por lo general, está ubicado en un paraíso fiscal.

Con la compañía de papel ya creada, la empresa se vende a sí misma carbón a un precio menor respecto a los precios del mercado. Así, cuando se concreta la transacción, la misma empresa colombiana, pero desde Panamá, vende el producto al consumidor a un precio más alto, sin que haya tenido que pagar impuestos por el valor real.

Por cuenta de esta práctica, el año pasado el país dejó de recibir 4.162 millones de dólares. La mayor parte de esta fuga ilícita de recursos (el 66 %) se basó en transacciones hacia Estados Unidos. Un 85% de estas operaciones fueron por petróleo y sus derivados, según el informe de Justicia Tributaria.

Tampoco hay que descartar la sobrefacturación de exportaciones: cuando el país exportador registra un valor mayor de venta del valor registrado de compra por el país importador, con el fin de adquirir beneficios como la devolución de IVA por exportaciones o para lavar dinero justificando una mayor entrada de recursos que la realmente obtenida por el comercio. Esta práctica hizo que el año pasado Colombia dejara de percibir 2.663 millones de dólares, el 78 % en transacciones con Panamá.

De acuerdo con Valencia, la DIAN sabe que esto ocurre, pero tiene pocas herramientas para combatirlo, porque el país aún no completa un listado de países considerados paraísos fiscales, como Panamá, con los que pueda tener un intercambio automático de información que le permita conocer al instante y en detalle este tipo de movimientos.

Además, la falta de funcionarios encargados de la tributación crea un cuello de botella que hace que muchas de esas transacciones no se detecten, y si se descubren, el infractor las puede negociar por medio del pago de una multa. “El empresario apuesta a que no lo van a pillar, y si lo pillan, simplemente paga”, concluye el vocero de Justicia Tributaria.

El impacto de estas prácticas se hace más claro con otro cálculo de esta organización: lo que dejó de percibir Colombia por manipulación de precios en las exportaciones en los últimos cuatro años suma 24.921 millones de dólares, que para aterrizarlo a las cuentas del país son 37,7 billones de pesos, lo suficiente para cubrir el presupuesto de 22 sectores en Colombia, incluyendo la totalidad del presupuesto en educación de un año.

El día a día del soborno

Otro terreno fértil para la corrupción está en el soborno. En la encuesta ya mencionada de la Andi, el 21,4 % de los empresarios respondieron que habían recibido alguna insinuación de favorecimiento o pago para que se agilizara o se hiciera efectivo un trámite por parte de entidades públicas nacionales o territoriales, y que los casos son particularmente frecuentes en las aduanas (62,7 % de los casos), las alcaldías municipales (40,3 %), las corporaciones autónomas regionales (37,3 %) y la DIAN (37,3 %).

La última encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno en empresas colombianas lo corrobora. El sondeo, realizado por Transparencia por Colombia a 683 empresarios, reveló que el 91% afirma que en el sector privado se ofrecen o reciben sobornos y el 58 % cree que si no se pagan estas dádivas, se pierden negocios. Aunque esta práctica aplicada al cierre de contratos es la más común (76 % de los casos), un 65 % de los encuestados respondió que hace pagos para agilizar o facilitar trámites.

Consultamos al expresidente de una EPS que, si bien prefiere mantener en reserva su nombre, se atreve a contar la realidad de estas prácticas. Su experiencia de más de 20 años con el sector de la salud le mostró que en la relación con el Estado para licitar servicios, equipos y materiales hay procesos transparentes, pero también hay quienes se llevan una porción de los recursos para su beneficio.

“Esto es muy complejo. Solo en la red de hospitales públicos, que son mínimo 1125 de primer nivel, pasa que para poder presentarte a una licitación tienes que pagarle a alguien. Para poder adjudicar, tienes que pagarle a otro. Y si te lo adjudican, hay que darle un porcentaje. Un hospital compra medicamentos para todo el año, debe pagar el aseo, la vigilancia, y todo eso es por licitación. Imagínese todo lo que sucede ahí”, detalla.

La necesidad de las empresas de conseguir permisos del Estado para casi cualquier actividad que desempeñen, con un riesgo latente de corrupción, lleva a una cadena de sobornos, sobre todo a través de mandos medios, que para María Margarita Zuleta, ex zar anticorrupción y ahora docente en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes, es uno de los problemas más serios de la competitividad en Colombia y también uno de los menos explorados.

Pero las fallas no están solo en los funcionarios estatales que se aprovechan y en los negociantes que ceden a los sobornos.

El antiguo CEO dice que en su sector hay empresarios serios que trabajan con rectitud y se resisten a aceptar tentadoras propuestas de contrabandistas que ofrecen implementos y medicamentos de menor calidad y a mejor precio. Sin embargo, “el ambiente médico presenta múltiples oportunidades (para la corrupción)”.   

Según relata, tanto hospitales públicos como privados, que tienen deudas de más de seis meses con sus proveedores oficiales, se ven obligados a aceptar insumos, medicamentos y materiales de diagnóstico por parte de contrabandistas, que además les ofrecen descuentos, para poder seguir prestando servicios. “Hay alternativas chinas, hindúes, colombianas, de grandes y pequeños proveedores, que generan unos montones de dinero, porque ingresan al país de contrabando, se pagan por otros lados y esa plata nunca entra al sector”, denuncia el expresidente, para quien esta práctica es “una más de las grandes aberraciones que tenemos”.

La peligrosa relación entre lo público y lo privado

La corrupción no se muestra solo en esos grandes rubros. David Ortiz, CEO de Siigo, una compañía experta en el desarrollo de software contable, cuenta que hace tres años, en el área comercial, se encontró con que las oportunidades no eran distribuidas equitativamente entre vendedores, sino que el  encargado le daba más y las de mejor prospección a sus más cercanos. “Puede parecer pendejo, pero así comienzan los malos pasos, sin que ni siquiera se puedan ver las consecuencias para ellos mismos y para la empresa”, sugiere, y reprocha que en el gremio, al estilo del sector público, no siempre se escoge al mejor proveedor de software, sino al amigo o al amigo del amigo.

Además, para él la tensión de contratar con el Estado es tal, que hace cuatro años y medio decidió renunciar a las contrataciones con alcaldías. Según cuenta, en la relación con esas entidades siempre había condiciones “oscuras”, como los términos para ganarse un negocio.

Las cosas se ponían peor cuando había un cambio de administración: “Era muy triste ver que vendíamos trasparentemente el software, pero nadie ayudaba a implementarlo,  como si no les doliera la plata, y cuando había cambio de alcalde, volvían a comprar uno nuevo con otra empresa que les convenía”.

Según Daniel Botero, abogado experto en contratación, es inevitable desconocer que existe una relación muy estrecha entre los intereses privados y las decisiones públicas.

Según Botero, son sobre todo frecuentes las adjudicaciones de contratos a través de la manipulación de estudios previos y pliegos de condiciones, que terminan beneficiando a un determinado participante.

En esa misma línea, a Andrés Hernández, de Transparencia Internacional, le alarma que en los análisis de contratación pública de su organización, el promedio de oferentes en la mayoría de licitaciones sigue siendo uno. De hecho, la Cámara Colombiana de Infraestructura advirtió que hay señas de que cerca del 80 % de las licitaciones de proyectos en el país conducen a únicos oferentes, lo que supone manipulación en las condiciones de los contratos para que solo uno cumpla los requisitos.

El caso más emblemático de esta práctica fue la concesión del Sector 2 de la Ruta del Sol, contrato por el que la firma brasileña Odebrecht pagó 6,5 millones de dólares en 2009 al entonces viceminsitro de Transporte, Gabriel García Morales, quien se habría encargado de propiciar las condiciones para que otros tres oferentes interesados no cumplieran con los requisitos.

“En pocos casos se presenta una competencia amplia y legítima entre varios competidores. En efecto, queda la sensación de que esa práctica de arreglar procesos de contratación para beneficiar a un oferente tiende a ser extendida”, opina Hernández, y añade que la alta dependencia para financiar campañas electorales y partidos políticos a través de fuentes privadas conduce a una expectativa de retorno de contratos o cargos frente a un aporte.

“Quien llega al Gobierno con ese apoyo opaco tiene que cerciorarse de que las licitaciones tengan ciertos requisitos tan exigentes que restrinjan la competencia real para favorecer al que es su amigo”, insiste el directivo de Transparencia, y aclara que más del 50 % de las contribuciones de empresarios a campañas son entendidas como sobornos.

Los hallazgos de Víctor Saavedra, investigador de Fedesarrollo, no son muy distintos. El funcionario, que publicará en diciembre una revisión del sistema de compra pública estatal, junto a la organización Dejusticia y las universidades de Los Andes y del Rosario, encontró en su análisis una serie de prácticas en la que el riesgo de corrupción es particularmente alto.

Por ejemplo, Saavedra adelanta que cuando hay muchos convenios entre empresas y entidades públicas el riesgo es mayor. Por lo general, esas alianzas contratan a personal bajo la figura de prestación de servicios, lo que demuestra que las entidades siguen con un vacío en el aumento de sus nóminas y genera una alerta de posible clientelismo, es decir, “ahí hay un riesgo muy alto de que se utilicen esos convenios para asociar a personas a quienes se les está comprando el voto”, detalla Saavedra, y añade que no es fortuito que en años electorales se cambie frecuentemente de contratistas en el sector público.

El investigador sugiere además del peligro que se corre cuando se hacen adiciones a los contratos entre entidades públicas y privadas: “eso implica o mala planeación o riesgo alto, porque hay menos observación en la ejecución que al momento de hacer la licitación”. Lo mismo pasa cuando se manipulan los contratos para que quede un único oferente, un práctica común, según el informe que se publicará, en alcaldías, gobernaciones, corporaciones autónomas regionales y oficinas del Gobierno a nivel nacional.

Aún hay alternativas

Con la dificultad para conocer las minucias de estas prácticas, queda entonces claro que la corrupción permea desde los altos niveles de las empresas, pasa por las áreas comerciales, se alía con funcionarios del Estado poco transparentes y, al final de la cadena, le falta al consumidor y a las arcas de la Nación.

La solución  no parece sencilla. Gabriel Cifuentes, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, comenta que la apuesta del Gobierno Nacional en este asunto está materializada en la implementación de pliegos estándar y en la creación del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), que administra la Agencia de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

A través de la implementación de los pliegos estándar, dice, se evita que haya contratos hechos ‘a la medida’ de un oferente y que terminen respondiendo a un soborno. Según Cifuentes, eso ya ha dado frutos: “en las licitaciones de las 4G, por ejemplo, no ha habido ni una sola demanda ni una sola queja por sospecha de irregularidades”.

Ahora, con la creación del Secop, todos los colombianos tienen a un clic los contratos de las entidades públicas. Los ciudadanos pueden saber la cantidad de contratos públicos que ha tenido una entidad, con quién los ha tenido y en qué condiciones. “Poner a la luz de los colombianos la gestión pública se traduce, entre otras, en que tenemos más ojos vigilantes, porque el principal enemigo de la lucha contra la corrupción es la indiferencia”, concluye.

En el sector privado también se adelantan iniciativas. Empresas Públicas de Medellín, dentro de su plan anticorrupción, tiene un mapa de riesgos de malas prácticas dentro de la organización que le sirve a cada dependencia para combatirlas. Por ejemplo, han determinado que el uso indebido de información privilegiada tiene un “riesgo extremo”, mientras el clientelismo, el nepotismo y la colusión tienen riesgos “aceptables”. Para enfrentarlos, EPM tiene programas para racionalizar los trámites, un código de ética con un comité a cargo de velar por su cumplimiento, un manual de conflictos de intereses, una política interna de “Cero tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno” y un Manual de Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Corona, por su parte, cuenta con una línea ética y anticorrupción: un correo electrónico que sirve para que empleados y aliados reporten comportamientos incorrectos. A las denuncias se les hace un seguimiento a la luz del código de ética de la compañía.

A su vez, el programa Rumbo Empresas Íntegras y Transparentes, de Transparencia por Colombia, es una herramienta que le permite a las empresas generar prácticas éticas en la relación con cada uno de sus grupos de interés. Ya 761 compañías en 35 ciudades del país han implementado el programa con estrategias como el Barómetro, que mide los valores empresariales y determina  las debilidades y fortalezas éticas de los que buscan estos servicios.

Mauricio Salazar, director de Social Colectivo y empresario en el sector de marketing, dice que en una compañía el “bandido” no está entre los personajes de arriba. “Quienes están robando son los mandos medios, los burócratas, los que están en la carrera”.

Por eso, con un grupo de expolicías especiales, estadistas, analistas especializados en el cruce de datos, economistas y hasta comunicadores, está montando un centro de pensamiento para el próximo año que permita detectar la corrupción en todo tipo de aspectos de la vida empresarial y cotidiana. “La única forma de llevar a la transparencia es mostrando las formas en que la gente se tuerce y sus consecuencias”.