IDEAS

Minería, ¿para qué?

Llegó la hora de ponerse de acuerdo en cuanto al futuro y propósito de la minería en Colombia.

Por Cristina Echavarría*


Sin los adecuados recursos técnicos y humanos, sin legislación y políticas públicas equitativas y efectivas, sin capacidades de gestión de recursos naturales y gobernanza local por parte del Estado, la minería tiende a generar modelos no sustentables de desarrollo comunitario y ahondar las inequidades, los conflictos y la exclusión en nuestras sociedades.

“Si los negocios no están sirviendo a la sociedad, entonces el negocio no es sustentable” esta es una frase de Klaus Schwab fundador y director ejecutivo del Foro Económico Mundial. Esta consideración debe hacer parte de la discusión sobre el desarrollo minero en Colombia. El mismo que ha evidenciado que no existe un acuerdo claro sobre el ‘¿para qué?’ hacer minería en el país.

El desarrollo minero en Colombia ha tomado un rumbo insostenible. Frente a esto tenemos dos opciones:  decir no a la minería con el argumento de que no existen condiciones, o llegar a un acuerdo para usar las decisiones y discusiones sobre el desarrollo minero para fortalecer las capacidades y conocimientos de todos los actores hacia un nuevo pacto social para la minería.

Los recursos minerales pueden representar una oportunidad única para mejorar la calidad de vida de las personas y la oferta de bienes públicos en territorios ricos en minerales, pero su desarrollo enfrenta riesgos y desafíos serios para los gobiernos, las comunidades y las empresas mineras, y los pequeños productores mineros.

En contextos como el nuestro, con marcos jurídicos e institucionales débiles o inadecuados, con persistente pobreza e inequidad, exclusión social, cultural, económica y política, donde continúan las amenazas y asesinatos de líderes sociales, los dirigentes de la industria minera que quieren hacer bien las cosas y demostrar el valor agregado de la minería en la práctica, enfrentan la creciente resistencia de comunidades locales y organizaciones sociales a permitir el establecimiento de grandes proyectos mineros o de minería irresponsable de cualquier escala en sus territorios.

Las comunidades aspiran a proteger su base de recursos naturales, en especial las fuentes de agua y la biodiversidad, los paisajes agrícolas, los valores culturales, su modo de vida y las redes sociales articuladas dentro de territorios concretos.  Por eso, el liderazgo del gobierno nacional consiste en delimitar de manera transparente y robusta las áreas prohibidas para la minería, que deben conservarse para garantizar los servicios ambientales, y en asegurar la participación segura y legítima de las comunidades.  Ello implica establecer mecanismos efectivos de participación y diálogo, junto con la entrega de información oportuna y apropiada sobre proyectos que puedan incidir de manera estructural sus territorios y calidad de vida.

La mayor parte de los proyectos mineros grandes tienen un ciclo de vida de más de 50 años, lo que implica que son las empresas mineras y las organizaciones comunitarias quienes seguramente tendrán permanencia en el territorio, mientras que la presencia del Estado está abocada a la falta de continuidad y de visión de largo plazo, por su misma naturaleza política.

Las empresas son las principales interesadas en poder funcionar de manera estable a lo largo de todo el ciclo de vida de la extracción de minerales. Por eso las empresas más serias buscan articular alianzas de largo plazo en los territorios y países en los que operan, y establecer relaciones constructivas con las comunidades y con los mineros artesanales y de pequeña escala (donde aplique), mediante arreglos justos y transparentes. Esta ruta exige que el Estado en todos sus niveles juegue su papel de garante, con capacidad de control y vigilancia en los diversos ámbitos, creando espacios seguros y legítimos para la construcción democrática de una visión de futuro en los territorios ricos en minerales.

El desarrollo sustentable, incluyente y competitivo de territorios con potencial minero demanda liderazgo legítimo y ético por parte de todos los actores: los gobiernos regionales y locales, quienes deben gestionar las oportunidades y desafíos del desarrollo minero de acuerdo con una visión territorial de corto, mediano y largo plazo; los presidentes y gerentes de las empresas mineras, quienes deben trabajar en llave con el gobierno y las comunidades y establecer en sus empresas una cultura incluyente y pertinente a ese objetivo; y las organizaciones sociales de las comunidades locales y regionales, quienes deben informarse adecuadamente y fortalecerse con base en su visión de futuro (o plan de vida para comunidades étnicas), para incidir de manera efectiva en la gestión de las riquezas de sus territorios en función de esa visión.

No bastan en este contexto los principios voluntarios de derechos humanos o el cumplimiento de estándares internacionales, aunque son importantes. Se requiere de un liderazgo estratégico de las autoridades públicas a todo nivel, para articular, con el apoyo de la industria, a los diversos actores locales y regionales, para tomar decisiones sobre la conveniencia, o no, de un desarrollo minero. Es decir: bajo una mirada de largo plazo de cada territorio rico en minerales ¿cuál es el papel que podría jugar la extracción de minerales en la construcción de un futuro sostenible e incluyente, que garantice el bienestar colectivo?

Las expectativas de la sociedad sobre ¿para qué desarrollar la riqueza mineral? Han aumentado por el legado histórico y actual de la industria minera, que en general no es muy halagüeño. Las comunidades locales, con razón, exigen mayores garantías de seguridad y de información oportuna, completa, confiable y culturalmente adecuada, para participar en decisiones sobre el futuro de sus territorios. Así mismo exigen mayores beneficios directos como empleo digno o contratos de abastecimiento de bienes y servicios, o incluso participación accionaria en proyectos mineros.  O incluso exigen el derecho a decir no a la minería.

Dada la debilidad institucional pública, en Colombia cobra especial importancia el modo, la intencionalidad y la oportunidad del liderazgo empresarial, para traer el gobierno y los bienes públicos al territorio.  Liderazgo empresarial significa asegurar desde el principio que el gobierno cumpla a cabalidad su función de garantizar los derechos de las comunidades, mediante la identificación adecuada de grupos étnicos y grupos vulnerables; de áreas excluidas de minería; y la implementación de procesos legítimos de consulta pública mecanismos efectivos de diálogo y participación ciudadana, incluida la Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado con los grupos étnicos.

De modo importante, los líderes sociales deben poder participar en los diálogos de manera segura aunque estén opuestos al desarrollo de un proyecto minero en un territorio específico. En caso contrario, las empresas deberían expresar públicamente la importancia de que el Estado garantice la calidad y la seguridad de estos procesos.  La legitimidad y el liderazgo efectivo e incluyente del sector privado en la construcción de una democracia incluyente y pluralista, depende en buena parte de su coherencia interna y cómo es visto desde la sociedad. Por eso los posicionamientos públicos del sector privado frente a situaciones inaceptables de violación de derechos humanos o de impactos ambientales, son fundamentales en cómo ejercer el liderazgo hoy en día.

La vulnerabilidad de las comunidades frente a actores con poder político, económico o militar, representa un riesgo material para el desarrollo minero formal en muchas localidades colombianas. De modo creciente esto reduce la competitividad del país como destino de inversión nacional o internacional para el desarrollo de su riqueza mineral.  En estas condiciones sólo los grupos ilegales, respaldados por redes criminales, o empresas inescrupulosas, sacan provecho.

Es crucial apoyar el fortalecimiento de la gobernanza local y de las organizaciones sociales comunitarias para que tengan la capacidad y libertad de interacción y de incidencia en la gestión de su territorio. Ello permitiría desarrollar relaciones sostenibles y equitativas entre comunidades y empresas, y prevenir así el riesgo de ahondamiento de conflictos sociales y ambientales durante el ciclo de vida de una operación minera.

El desarrollo sostenible puede ser posible a partir del desarrollo de los minerales, pero éste difícilmente se dará de manera automática. Sin los adecuados recursos técnicos y humanos, sin legislación y políticas públicas equitativas y efectivas, sin capacidades de gestión de recursos naturales y gobernanza local por parte del Estado, la minería tiende a generar modelos no sustentables de desarrollo comunitario y ahondar las inequidades, los conflictos y la exclusión en nuestras sociedades.

En suma: se requiere de actores sociales capaces, con visión de futuro, que apoyados en procesos transparentes y participativos puedan colaborar para transformar la riqueza mineral en bienestar durable al nivel territorial.  Todos los actores sociales, gobiernos, empresarios, mineros y mineras artesanales y de pequeña escala, ONG, organizaciones comunitarias y universidades tienen un papel que jugar en la construcción de regiones mineras sustentables y más equitativas, para aprovechar la riqueza minera del país.

 

*Cristina Echavarría es geóloga, miembro de la Fundación Alianza por la Minería Responsable y de la Corporación Grupo de Diálogo Minero en Colombia.

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