¿Y sin las mujeres qué?

¿Cómo lograr la inclusión de la mujer en un mercado laboral tradicionalmente injusto e inequitativo?

Por Lina Arbeláez*

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan el consenso de diversos sectores frente a una idea central: mantener el statu quo del desarrollo puede representar el fin de nuestro planeta. En palabras del ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, es necesario construir un plan conjunto, porque “no hay plan b, en la medida en que no hay planeta b”. En este sentido, los ODS surgieron como una oportunidad de trabajo colectivo entre el sector privado, la academia, la sociedad civil, el sector público y la comunidad internacional para poner en marcha una nueva y ambiciosa manera de hacer desarrollo.

La agenda, cuyo marco de acción va hasta el 2030, prioriza el crecimiento económico en el que no se deje a nadie atrás, que sea socialmente responsable y ambientalmente sostenible. Así las cosas, la gran apuesta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha sido socializar la agenda, procurar que entendamos su relevancia y que co-construyamos a su alrededor estrategias innovadoras para que las generaciones futuras tengan una sociedad en la que valga la pena vivir.

Es curioso ver que dentro de las metas que propuso el Gobierno Nacional en el Conpes de ODS, el objetivo 17, que invita al establecimiento de alianzas para lograr todos los demás objetivos, no tenga mayor despliegue. Más allá de cumplir con cifras e indicadores, las alianzas son esenciales para garantizar el cumplimiento de la agenda de manera ambiciosa y transformadora.

Un ejemplo concreto es lograr la inclusión de la mujer de manera justa y equitativa en el mercado laboral. No es coherente pensar en un desarrollo humano, económico, social y político que excluya a la mitad de la población; en el caso de Colombia representa un poco más de la mitad, el 51.7%. No sólo es ilógico desde el plano de los derechos, sino también desde lo productivo. En este orden de ideas, necesitamos trabajar desde muchos frentes para lograr el acceso y permanencia de las mujeres en el mundo del trabajo en igualdad de condiciones.

En Colombia el reto es mayúsculo. En las zonas urbanas la brecha salarial entre hombres y mujeres es cercana al 20%; el desempleo femenino dobla al de los hombres y, de manera dramática, existe una correlación entre la violencia de género y la autonomía económica.

La situación se complejiza en los entornos rurales en donde la diferencia salarial alcanza el 40%. Vale la pena preguntarse si solamente mediante decretos y leyes podemos transformar la realidad de las mujeres. La respuesta es clara y contundente: NO. No lo es, porque la desigualdad no es solo un tema que se circunscribe a la economía, o a la política pública, sino también a lo cultural y a lo que socialmente hemos adoptado como realidades naturales e intrínsecas en hombres y mujeres.

En este sentido es evidente que el quinto ODS, que hace un llamado por la igualdad de género, necesita alianzas robustas con el sector privado. El compromiso que debemos cumplir en los próximos 12 años es “asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres, la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública; emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad, al control de la tierra, a otros tipos de bienes, a los servicios financieros, a la herencia y a los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales,” y esto no se logrará si le dejamos toda la responsabilidad al Gobierno.

Si alguien tiene acceso al recurso humano en Colombia es el sector privado, y es ahí desde donde se pueden romper los parámetros que definen las características de lo femenino como una desventaja. Dichas desventajas se circunscriben a factores en los que principalmente se encuentran la maternidad, el cuidado de los hijos, del hogar, o de personas a cargo. Pero, bajo esta misma línea, hemos sido incapaces de evidenciar que vincular a la mujer solo representa ganancias para las empresas y la sociedad.

Bajo esta premisa uno de los aliados más importantes en lograr un mercado laboral libre de discriminaciones, y que garantice el empoderamiento de la mujer, ya está andando. Así lo han entendido el Ministerio del Trabajo y el PNUD con el diseño, desarrollo y puesta en marcha del Sello Equipares. Este sistema de gestión en igualdad de género parte de una iniciativa global que ofrece, a empresas y organizaciones, una metodología sólida para reducir desigualdades en el lugar de trabajo, desvirtuar estereotipos que perpetúan roles de género y promover buenas prácticas y políticas laborales. El fin es identificar y cerrar las brechas de género que dificultan la inserción y permanencia de las mujeres al mercado de trabajo.

Al enfocarse en ocho dimensiones específicas, entre las que se encuentran reclutamiento y selección, comunicación no sexista y lenguaje incluyente, acoso laboral y sexual en el lugar de trabajo y conciliación de la vida personal, familiar y laboral con corresponsabilidad, Equipares promueve una transformación cultural en donde se reconoce el trabajo de mujeres y hombres por igual, y se valora su aporte al desarrollo sostenible del país.

Equipares nació en 2013 en el marco de la Política nacional de equidad laboral con enfoque de género del Ministerio del Trabajo, entendiendo que era necesario vincular al sector privado para tener una incidencia real y efectiva en los resultados de la política. El objetivo fue instaurar un programa que se alejara de la mera función de vigilancia y control que usualmente ejerce el Ministerio. La decisión de incluir al sector privado tuvo como base construir, de manera conjunta, una estrategia para incidir directamente en la garantía de los derechos de las mujeres y los hombres. Los resultados no se hicieron esperar, lo que empezó como una política específica en materia laboral también incidió en el plano social y familiar.

Equipares tiene un principio valioso y es que no es un programa dirigido únicamente a las mujeres, incluye a los hombres y se dispone a garantizar también sus derechos. Bajo los principios de nuevas masculinidades, por más difícil que el concepto pueda parecer, llega la gran oportunidad de ver la paternidad, las laborales del hogar y del cuidado no solo como una obligación, sino también como un componente de la vida, con aportes claros en el desarrollo del ser.

Este esquema en el que los hombres son corresponsables de los hijos elimina barreras para que las mujeres puedan permanecer en el mercado laboral, pues se invita a promover la licencia de paternidad más allá de lo establecido en la ley, a promover la participación de los hombres en la vacunación de los hijos, en la entrega de notas en el colegio y en la conciliación de la vida laboral y la vida del hogar.

Empresas como Argos, Colombina, Unilever, Telefónica, Pavimentos Colombia, Almacenes Éxito, Enel, Coomeva, Belleza Express, entre muchas otras, le han apostado de manera franca a la transformación de su entorno empresarial, aportándole de manera directa a la construcción de una sociedad más justa, incluyente y, por supuesto, más próspera.

Está demostrado que las alianzas estratégicas resultan indispensables si queremos lograr los ODS. La igualdad de género no será una realidad si no reconocemos nuestras diferencias y si no entendemos la diversidad como fuente de riqueza. La agenda 2030 es ambiciosa y pretende modificar la manera en la que nos relacionamos. La igualdad de género resulta una premisa a penas lógica para impactar otros objetivos vitales para el país, como la reducción de la pobreza y las desigualdades. Para pasar del discurso a los hechos es necesario que el sector privado, la academia, el sector público y la sociedad civil, aprendan a ‘remar para el mismo lado’, que se arriesguen a pensar y a hacer las cosas de manera distinta.

*Lina Arbeláez es la gerente nacional para la reducción de pobreza e inequidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia

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